EXEQUIBLE LA LEY DEL VALUADOR

Después de  varios intentos y más de 2 años de ardua labor, en  2013  se promulgó la Ley 1673   que reguló el ejercicio de la actividad valuatoria en Colombia,  sentándose las bases para organizar este oficio con una norma de carácter general que regula no solo a las personas que realizan esta  importante labor,  sino la inscripción ante el  Registro Abierto de Avaluadores, RAA.

Posteriormente se expidió el Decreto reglamentario 556 de 2014, con el cual se complementaron  algunos aspectos permitiendo mayor comprensión  y aprovechamiento de la norma.

Esta ley impactó positivamente muchas de las actividades que el Estado  y los particulares  realizan en una economía de mercado,  y complementó las normas  especiales que rigen el servicio de avalúos en sus diferentes campos.

Sin embargo, la ley fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad al ser  considerada por algunas asociaciones  y organizaciones  que  capacitan y “certifican avaluadores”  y que no cumplen con los requisitos establecidos en la nueva  Ley,  para seguir actuando como tal o  como Entidades Reconocidas de Autorregulación, ERA, quienes deberán  ser autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, para realizar el protocolo de inscripción  y conservación de la información de los avaluadores ante el Registro Abierto de Avaluadores, RAA.

Pero hoy con beneplácito registramos que la Ley 1673 de 2013 de profesionalización del avaluador fue declarada exequible por la Corte Constitucional,  en atención a esta demanda presentada el año anterior.

En consideración del alto tribunal, las disposiciones acusadas tienen la virtualidad de organizar el ejercicio de la actividad valuatoria y no de impedir su desempeño, al punto que no se ve afectado el núcleo esencial del derecho reconocido en el artículo 26 de la Constitución.

En conclusión fueron declarados exequibles los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 11, 15, 16, 23, parágrafo 2º y 24 de la Ley 1673 de 2013, en los cuales se establecieron los pilares de la Ley que son: la formación académica, el Registro Abierto de Avaluadores, RAA  y el sistema de autorregulación  para el control y vigilancia de esta importante actividad. Predicándose solo la inexequibilidad de las expresiones: "Ejercer ilegalmente la actividad de avaluador será considerada como simulación de investidura o cargo y será sancionado penalmente en la forma descrita por el artículo 426 de la Ley 599 de 2000", contenidas en el artículo 9º de la Ley 1673 de 2013 y la expresión "establecer procedimientos…" contenida en el artículo 25 de la misma ley.

Sin duda, con el examen de la Corte Constitucional queda en firme las disposiciones contenidas en la ley y se ratifica la importancia social de la actividad valuatoria y, por ende,  su vigilancia y control.

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