LEY DE VIVIENDA SEGURA

La Ley 1796 de 2016, más conocida como la ley de vivienda segura, se creó con el objeto de generar medidas efectivas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el aumento de la seguridad en las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública ejercida por los curadores urbanos. Por tanto, la correcta aplicación le brindará un respaldo como consumidor, permitiéndole conocer el qué se hizo, cómo se hizo y quién es el responsable ante la ley por la obra construida, con el fin de garantizarle un producto que cumpla al 100% todas las exigencias. De no ser así, el constructor o el enajenador de vivienda nueva estará obligado a cubrir, reparar o resarcir los perjuicios patrimoniales.

Para su ejecución y puesta en marcha se han dispuesto algunas medidas, una de ellas es la revisión de diseños, la cual no es más que una evaluación sobre el proyecto constructivo, que permite verificar si la edificación propuesta cumple con los requisitos técnicos, jurídicos, estructurales, urbanísticos y arquitectónicos exigidos en la ley y las normas reglamentarias sobre construcción sismo resistente, y aplica en todos los trámites de licenciamiento urbano. La revisión de diseños debe ser efectuada, sin excepción alguna, ante las autoridades municipales competentes para expedir licencias urbanísticas, por los curadores urbanos o un profesional independiente y calificado en caso de que la solicitud de licencia recaiga sobre un proyecto que cumpla con las características para exigir revisoría independiente.

Otro punto que aborda la ley es la supervisión técnica independiente, siendo obligatoria para aquellas edificaciones iguales o superiores a 2.000 m2 de área construida, incluso para aquellas que no superen este rango pero que evidencien complejidad en los procedimientos constructivos.

La obligación de tener supervisión técnica será definida en la licencia urbanística que otorgue la autoridad correspondiente y en ningún caso exime al constructor de realizar los controles de calidad que contempla la ley y sus reglamentos, y que son exigibles para garantizar que las edificaciones se ejecuten de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas aprobadas en la licencia.

De otra parte, la certificación técnica de ocupación fue contemplada por la ley únicamente para proyectos que requieran supervisión técnica independiente, el cual es un documento expedido bajo juramento una vez concluidas las obras aprobadas. Esta debe ser protocolizada mediante escritura pública, siendo posteriormente inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria del predio o predios sobre los cuales se desarrolla la edificación, así como en los folios de matrícula inmobiliaria de las unidades privadas resultantes de los proyectos que se sometan al régimen de propiedad horizontal o el instrumento que permita generar nuevas unidades de vivienda.

Finalmente, las inmobiliarias afiliadas a la Lonja de Propiedad Raíz de Santander y de manera especial las asociadas a través del sistema de venta MLS, conocedoras de esta norma, le podrán asesorar al momento de hacer una inversión tan importante, como lo es la compra de un inmueble.

De otra parte, se hace un llamado tanto a las constructoras como a los profesionales del gremio para que acaten e implementen de manera urgente y con total responsabilidad la Norma NSR-10.

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